El Ministerio del Interior ha trasladado este jueves a la UEFA una serie de medidas para intentar evitar la violencia entre aficionados de fútbol entre las que aboga por reforzar las sanciones y el control sobre las entradas en los enfrentamientos internacionales.
Durante una reunión en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, acompañado por responsables de LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF), ha trasladado estas peticiones a Kenny Scott, jefe de Seguridad y Protección de la UEFA.
Una serie de medidas encaminadas a acabar con incidentes violentos en el fútbol como los registrados el pasado día 22 en Bilbao entre aficionados del Athletic y el Spartak de Moscú en las inmediaciones del estadio San Mamés donde se disputaba un partido de la Europa League. Un agente de la Ertzaintza que participaba en el dispositivo desplegado falleció debido a un infarto.
Entre las medidas propuestas destaca generalizar la entrega de entradas en destino y las entradas nominativas, la mejora de la aplicación del régimen sancionador a los clubs o el incremento de la cooperación en los dispositivos policiales entre los países de los equipos participantes, según han expuesto los representantes de la Oficina Nacional de Deportes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional a la UEFA.
A la reunión también han asisistido el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, y el presidente de la comisión antiviolencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Francisco Díaz, así como el comisario general de seguridad ciudadana, Juan Carlos Castro, y el representante de la Oficina Nacional de Deportes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Gil.
Los asistentes han recalcado al responsable de la UEFA la necesidad de seguir avanzando en cuántas medidas sean necesarias para su completa erradicación. La reunión se ha centrado en la necesidad de actuar con la máxima colaboración y coordinación entre las Administraciones y organizaciones tanto nacionales como internacionales, con el firme compromiso, de todas las partes, para una actuación de tolerancia cero frente a la violencia.
